jueves, 8 de septiembre de 2011
sábado, 3 de septiembre de 2011
FARC-ETA Una relacion peligrosa
Las FARC pidieron a ETA que realizase atentados y secuestros en Europa contra alguno de sus objetivos.
Documentos de ETA han confirmado sus relaciones con las FARC. Dos etarras intercambiaron técnicas con dos de los máximos dirigentes de la guerrilla.
ETA reconoce además que los contactos fueron oficiales y que se nombraron interlocutores oficiales. Por parte de la guerrilla parece que el interlocutor fue un miembro del Secretariado Nacional de las FARC, el máximo órgano de dirección.
Las guerrillas de las FARC se ofrecieron para ocultar a miembros de ETA durante el tiempo que fuese necesario. A cambio solicitaron a ETA voluntarios expertos en medicina que pudiesen ayudar en sus campamentos durante más de un año y armamento antiaéreo.
ETA reconoce que ambos grupos terroristas intercambiaron técnicas de combate. ETA conoció así la forma en que las FARC utilizan los teléfonos móviles para hacer explosionar los artefactos explosivos. Por su parte los miembros de las FARC mostraron su interés por la experiencia de ETA en la construcción de refugios.
martes, 26 de julio de 2011
'Si Farc quieren paz, que hagan gestos que así lo demuestren': Santos
Lanzó campaña 'Mambrú NO va a la guerra', que busca sacar los niños del conflicto.
Al participar este viernes en la marcha contra el reclutamiento de niños para la guerra, que hizo parte de la campaña 'Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento', el presidente Juan Manuel Santos dejó ver que vería como un gesto de paz de los grupos armados ilegales la liberación de los menores que tienen en sus filas.
"Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un mensaje muy claro: si ellos realmente quieren la paz, como la queremos todos los colombianos (...), si quieren hablar de paz, tienen que comenzar a hacer gestos como liberar a los secuestrados, dejar de reclutar a los niños, liberar a todos los niños que tienen reclutados en sus filas", dijo el Primer Mandatario.
Agregó que "esa sería una demostración de paz que el Gobierno recibiría como un gesto verdadero de una intención de llegar a la paz".
Aunque no es la primera vez que Santos fija claramente sus condiciones para considerar la posibilidad de hablar de paz, desde hacía casi seis meses no se refería al tema. Y su mensaje fue más allá. "Creo que este es un momento propicio para enviar esa señal (los gestos de paz)", puntualizó.
En febrero pasado dijo que "para siquiera pensar en una posibilidad de diálogo se requieren hechos contundentes" como "la renuncia al terrorismo, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión y a la intimidación".
Santos ha sido claro en que será él, y solamente él, quien defina las circunstancias y tiempos de un eventual acercamiento para hablar de paz con los grupos armados al margen de la ley.
También ha dicho que su interés por la paz no implicará, de ninguna manera, reducir la presión militar sobre los actores armados ilegales.
Al referirse a la campaña 'Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento' y a la marcha contra el uso de niños en el conflicto armado, Santos dijo que no descansará "hasta que todos los niños reclutados para cometer crímenes vuelvan a la sociedad y tengan todos sus derechos".
"Que los niños puedan disfrutar de sus derechos, porque eso es lo que nos hace un país con futuro, con bienestar, y eso es lo que debe ser un compromiso de todos y cada uno de los colombianos", puntualizó.
Según el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Éder, el 47 por ciento de las personas desmovilizadas de la guerrilla y los paramilitares ingresaron al grupo armado siendo menores. El maltrato en la casa, situaciones de pobreza extrema o el deseo de ir a un lugar donde se les reconozca son con frecuencia razones para enfilarse en los grupos armados.
Fuente: eltiempo.com
lunes, 25 de julio de 2011
Álvaro Uribe contra las F.A.R.C.
Como parte de una política de seguridad, Uribe sentó unas reglas sobre las condiciones que deben cumplir los grupos ilegales para negociar. Condiciones que han sido rechazadas por las FARC, lo que conllevó al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. El proceso resultante fue cuestionado por varios críticos que temen que las condiciones no sean suficientes para impedir que haya un grado, para ellos inaceptable, de impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico, así como la reparación a las víctimas que no ha sido eficiente y algunas de las personas que han reclamado reparación han sido perseguidas o asesinadas. Algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico. El proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia ha servido, no obstante, para disminuir la tasa de criminalidad y gracias a la confesión plena, que impuso la Corte Constitucional, para dar a conocer públicamente los vínculos de políticos con los grupos armados ilegales. El gobierno asegura que gracias a su gestión se ha desmontado al paramilitarismo.
Su gobierno ha sido criticado por presuntas violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones sociales . La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema.
Durante el 2005, se desataron en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno Uribe con grupos paramilitares ilegales colombianos en lo que se denominó la "Parapolítica".
En el 2006 salieron a relucir revelaciones adicionales. A este proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico en el territorio nacional.
El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente Álvaro Uribe llamó a los congresistas y funcionarios públicos que tuvieran nexos con los paramilitares a "decir la verdad", declarando que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones a pesar de que haya que meter a la cárcel a congresistas y funcionarios públicos, y reiteró "que si hay alguno de los treinta mil paramilitares que puedan decir que el Presidente de la República ha sido cómplice, que lo digan".
A raíz de la presión de las FARC para llevar a cabo un intercambio de secuestrados por militares, y las prebendas para negociar el llamado "Acuerdo humanitario", el Gobierno de Álvaro Uribe fue criticado por el intento de rescate de un grupo de secuestrados por las FARC, quienes al notar la inminente operación de rescate decidieron ejecutar a los secuestrados, incluyendo al gobernador de AntioquiaGuillermo Gaviria Correa. El Papa Juan Pablo II manifestó su "hondo pesar" por las muertes de los políticos y militares colombianos, en tanto que la Unión Europea condenó los asesinatos de las FARC y pidió la liberación de todos los secuestrados, algo que no fue satisfecho por parte de la guerrilla.
A pesar de esto algunos secuestrados fueron liberados por vía militar o policial. El 2 de julio de 2008 el Ejército Nacional colombiano realizó un histórico rescate de 15 secuestrados entre los que se encontraban la ex-candiadata Íngrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 militares colombianos, denominada "Operación Jaque".
El gobierno del presidente Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos (actual presidente) median los resultados de la lucha contra los grupos ilegales por el número de muertos. La situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados operacionales.
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